El domingo 4 de mayo, la provincia de Pataz, ubicada en la región de La Libertad, en el norte del Perú, fue escenario de una tragedia que evidenció la incontrolable violencia vinculada a la minería ilegal.
Se confirmó el hallazgo sin vida de 13 empleados de la empresa R&R, contratista de la minera Poderosa, que habían sido secuestrados el 26 de abril en un socavón. Ellos prestaban servicios a un minero artesanal con quien mantenían un contrato de explotación.
Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados maniatados y ejecutados, presuntamente por sicarios vinculados a la minería ilegal. Este suceso se enmarca en una serie de atentados y asesinatos perpetrados por mineros ilegales en alianza con organizaciones criminales contra las instalaciones y trabajadores de La Poderosa desde 2023.
A pesar de que la provincia de Pataz se encuentra en estado de emergencia desde febrero de 2024 debido a la violencia de mafias mineras, las autoridades no han logrado frenar la escalada de violencia.
La minera cuestionó la eficacia de las operaciones de seguridad e instó al gobierno de Dina Boluarte a replantear su estrategia contra la criminalidad, solicitando acciones directas contra las bocaminas ilegales donde operan estos grupos armados.
Este trágico evento resalta la necesidad urgente de una respuesta efectiva por parte del Estado para garantizar la seguridad de los trabajadores y restaurar el orden en las regiones mineras del país.
Un reciente video circulando en redes sociales muestra a un grupo de alrededor de 40 agentes de seguridad marchando en formación hacia la zona que debían proteger en Pataz. Con chalecos antibalas, cascos y vestimenta adecuada para la faena, los agentes avanzaban como parte de una misión de resguardo.
Sin embargo, poco después, 13 de estos agentes cayeron en una emboscada mortal. Los sicarios los acorralaron en un socavón, un lugar donde las víctimas no tuvieron oportunidad de escapar. En ese preciso momento, los agentes fueron sometidos a una brutalidad extrema. Tras ser torturados, despojados de su ropa y maniatados, fueron ejecutados con disparos a la cabeza.
Las condiciones de inseguridad continúan empeorando en Pataz, lo que plantea serias preocupaciones sobre la efectividad de las medidas de protección y la capacidad del gobierno para contener los actos de violencia en la región.
Los familiares de Deiter Domínguez, uno de los agentes de seguridad asesinados en Pataz, están solicitando apoyo para poder trasladar sus restos desde el Mogue Central en Trujillo hasta su ciudad natal, Tumbes.
Adán Domínguez, su tío, hizo un llamado al Ministerio del Interior (Mininter) para que el gobierno facilite la gestión del envío del cuerpo y así poder darle una sepultura digna en su tierra.
La familia atraviesa momentos de profundo dolor, ya que, además de la tragedia por la pérdida de Deiter, se enfrentan a la dificultad de no contar con los recursos necesarios para realizar el traslado.
Adán Domínguez expresó su angustia y subrayó la importancia de que las autoridades colaboren en este proceso. En su declaración, destacó el sacrificio de su sobrino, quien desempeñaba su labor con valentía como agente de seguridad.
La familia, aunque devastada por el dolor, solo busca cumplir con el deseo de darle un descanso final rodeado de sus seres queridos en Tumbes. Según comentó Adán, el apoyo del gobierno es esencial para hacer posible este último acto de amor y respeto hacia el joven fallecido.
Las víctimas fueron identificadas como:
- Jefry Stiven Padilla Hidalgo
- Juan Joel Ñaupari Salva
- Yobal Martínez García
- César Rospigliosi Arellano
- Franklin Vicente Facundo Inga
- Jhon Cristian Facundo Inga
- Frank Jesús Monzón Valeriano
- Nilver Joel Pérez Chuquipoma
- Josué Carbonel Beltrán
- Darwin Javier Coveñas Panta
- Wilmer Chávez Mijahuanca
- Deyther Domínguez Ramírez
- Mego Yumbato Huacho
