“El Decretazo”, como lo bautizó Eduardo Montealegre, es la movida más autoritaria del presidente Gustavo Petro hasta ahora. Petro afirmó en televisión nacional que llamará por decreto a unas elecciones para la consulta popular sobre la reforma laboral, pese a la negativa del Senado.
Hay un amplio consenso de que hacerlo transgrede la ley. “Es una clara violación de la Constitución. El Ejecutivo no puede anular actos del Congreso. Esa tarea corresponde le a la Justicia. Equivale a un golpe de Estado”, escribió Humberto de la Calle, una voz moderada, clave en la redacción de la Constitución del 91 y quien como senador apoyó al inicio del gobierno varias reformas de Petro.
Decretar la consulta, como el mismo gobierno plantea abiertamente, lleva a un choque con las cortes y la Registraduría. “Puedo jurar que aceptaríamos”, responde el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre si acatarían un pronunciamiento judicial adverso.
La credibilidad de Benedetti hacia afuera, tras su negativa de conceder la derrota en el Senado, es reducida. Pero hacia adentro su poder es absoluto. Benedetti, simultáneamente ministro del Interior y jefe de gabinete, actúa sin contrapesos dentro de un gobierno con un presidente ausente y aislado de su gabinete, según un miembro del gabinete que pidió la reserva de su nombre.
Más allá de las advertencias del golpe de Estado, Petro carece de los factores de poder para impulsar una ruptura institucional si la justicia frena la consulta, dice Andrés Mejía, analista político: “No tiene plata, no tiene apoyo de las Fuerzas Armadas, y no parece tener apoyo en la calle. Es tragicómico”. Aun así, Petro da un nuevo salto hacia adelante que pone presión sobre las cortes, y acapara la agenda pública mientras las investigaciones por corrupción sobre sus aliados cercanos avanzan cada vez más.
Del radicalismo institucional al desborde
Antes de llevarla a votación en el Senado, Petro anticipó que si se hundía actuaría con “radicalismo institucional”, como lo dijo su ministro de Educación, Daniel Rojas. Esto significaba que señalaría a los congresistas que no la aprobaron para que fueran castigados en las urnas de 2026. Pero decretar la consulta rompe esa promesa, e intencionalmente busca un duro conflicto con otros poderes públicos.
El argumento del gobierno de que hubo un fraude en el Senado al hundir la consulta popular, por apenas dos votos, tiene premisas falsas. La idea de que no haber leído la proposición con la que se votaría la consulta la vicia, como reiteró Petro en su alocución, no se sostiene con el pasado ni la práctica legislativa. Por ejemplo, en 2018, la consulta anticorrupción se aprobó sin esa lectura, como reveló La Silla.
Como sea, esa es una discusión que ya está en proceso en el Consejo de Estado. La alta corte que vigila los actos administrativos ya admitió una demanda contra el hundimiento. La demanda fue admitida, y estudia argumentos calcados a los que ha hecho el gobierno Petro para hablar de fraude. El estudio, como han argumentado opositores del gobierno, incluyendo el bloque sin precedentes de ocho partidos que denuncia que Petro quiere orquestar un golpe de Estado, asume que el Senado tomó una decisión. Aún no falla sobre si esa decisión fue legal o no.
Este hecho socava los argumentos jurídicos del gobierno para citar la consulta. Según la ley, una vez presentadas las preguntas de una consulta al senado por el Presidente, la cámara alta tiene 30 días para dar una decisión. Si no lo hace en ese plazo, se da por aprobada. Petro, asesorado por abogados como Eduardo Montealegre, el cuestionado exfiscal, y Yefferson Dueñas Gómez, un exmagistrado auxiliar experto en la ley de participación, el decreto del gobierno es legal porque “el Senado no se pronunció dentro de los términos señalados en el ordenamiento jurídico y el presidente puede convocar por decreto”, como escribe Montealegre. Por eso plantea que el decreto es legal.
Más allá de la falta de solidez de esta argumentación, lo que inquieta es que el gobierno haya pasado por encima del Congreso, al afirmar que no tomó una decisión, y del Consejo de Estado, que estudia la legalidad de esa decisión. “Es una ruptura a la separación de poderes”, dicen los partidos. Y sobre todo, genera una prevención justificada hacia el futuro de que si el gobierno sufre posteriores derrotan ante la justicia, no acatará sus decisiones.
Mientras el presidente activa estos frentes de conflicto, el gobierno deja en un segundo plano la discusión de la reforma laboral, que está en su punto más avanzado. El proyecto que fue resucitado por medio de una apelación justo antes de hundir la consulta popular– reversando una decisión anterior de opositores del gobierno en el Senado— cursa su último debate en la Plenaria.
“La consulta no es contradictoria en la medida en que lo que salió del tercer debate desnaturaliza la reforma laboral. Se incluyó, por ejemplo, la contratación por horas, una medida regresiva que lesiona la seguridad en el ingreso y la estabilidad del trabajador”, dice el viceministro del Trabajo, Iván Daniel Jaramillo.
Se trata del mismo argumento que utilizó Petro ayer, en su alocución, para argumentar que la reforma que se tramita es una traición a los trabajadores, y que la “soberanía popular”, bajo la figura de la consulta popular, es el único camino posible.
El presidente aislado y cercado por la corrupción
Petro opta por el desafío de la consulta con un gabinete más aislado de sus decisiones trascendentales y en medio de un creciente hermetismo personal, reconocido por sus mismos ministros. En los últimos meses, cuenta uno de ellos, han aumentado los comentarios entre sus altos funcionarios porque no contesta el teléfono ni se reúne con ellos, una queja permanente que se ha intensificado desde la llegada de Benedetti.
La distancia de Petro con sus ministros se suma a la falta de respuestas de Casa de Nariño sobre su paradero. La semana pasada, la prensa que cubre Palacio no conoció el paradero del presidente durante tres días. Tampoco recibió material audiovisual, cuando lo solicitó, de las reuniones que tenía programadas en su agenda.
La oscuridad en la agenda presidencial existe bajo las dudas sobre la vida íntima de Petro y su capacidad para gobernar. Esas dudas se incrementaron con su incumplimiento como anfitrión en la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), en Montería, un evento internacional organizado por Colombia con presencia de jefes de Estado. La canciller Sarabia adujo motivos de “fuerza mayor” para justificar al presidente. Él después lo justificó con la inminencia de un atentado.
“En Presidencia ahora la política es lo único que importa, al resto nadie le presta atención”, dice otro alto funcionario del gobierno, quien pidió la reserva de su nombre. El funcionario pone como ejemplo la falta de seguimiento a proyectos o acuerdos con el alto empresariado, como en el sector agro o bancario, que antes le servían al presidente de puente para conversar con críticos por fuera del gobierno.
Benedetti sigue siendo el gran ganador en ese aislamiento personal de Petro e hiperpolitización del gobierno. El minInterior, el principal promotor de la idea del fraude del Senado, no tiene ningún contrapeso dentro del gobierno, como lo reconocen los dos altos funcionarios. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el llamado a cumplir ese rol, se ha alineado al poder de Benedetti, e incluso ha logrado poner personas de su cuerda en el Departamento Administrativo de Presidencia.
“La única que ejerce ese papel de contrapeso es Laura Sarabia”, dice un ministro, quien pidió la reserva de su nombre. Sin embargo, explica el ministro, Sarabia -enemiga declarada de Benedetti- lo hace para sobrevivir a esa confrontación, y no como alguien con la intención de darle un giro al gobierno.
Esa falta de contención a Benedetti es más crítica porque el resto del gabinete está compuesto o por soldados leales al presidente que siguen a cabalidad sus instrucciones, como el ministro de Educación, Daniel Rojas, o ministros de bajo perfil que representan acuerdos burocráticos con los partidos. Entre ellos, el ministro de las TIC, Julián Molina (cuota de La U), o la ministra de Deportes, Patricia Duque (cuota de los conservadores gobiernistas).
Es decir, ninguno cuenta con el peso político o con el prestigio de oponerse a la enorme influencia que ejerce Benedetti, menos después de la purga de ministros de izquierda que Petro permitió. La falta de atención es tal que la ministra de Comercio anunciada, Diana Morales, una cuota liberal, no ha sido posesionada y la cartera clave lleva en encargo más de tres meses.
La última arista del nuevo desafío institucional de Petro es el cerco político y judicial que enfrentan personas de su primer círculo. El caso más grave son los escándalos de corrupción que rodean al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña Petro en 2022.
Recientemente, las denuncias contra Roa volvieron al centro del debate público luego de que, a espaldas de la Junta Directiva, fuera ampliado en 5 millones de dólares un contrato con el bufete de abogados gringo, Covington & Burling, para determinar los riesgos que representa ante autoridades estadounidenses la permanencia de Roa en la presidencia del Grupo Ecopetrol.
El caso Roa se suma a los coletazos del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión (Ungrd), que tiene nuevos imputados: el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el exdirector de Presidencia, Carlos Ramón González; y el exdirector de Función Pública, Carlos Manrique, todos señalados de liderar un esquema de sobornos para favorecer al gobierno en el Congreso.
