La Corte Suprema de Estados Unidos le dio autorización a Donald Trump para revocar el parole humanitario de 500 mil migrantes, entre los que se encuentran los ciudadanos haitianos. Este fallo se enmarca en la suspensión de la orden del tribunal de Boston sobre la detención de las deportaciones.
El viernes 30 de mayo, el máximo tribunal del país norteamericano otorgó el permiso al presidente estadounidense de continuar con las deportaciones de miles de migrantes que permanecen en territorio norteamericano bajo protección del parole humanitario. Entre los afectados se encuentran ciudadanos de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Medio millón de migrantes contaba con esta protección que se les otorgó cuando ingresaron a EE.UU. bajo una situación de emergencia. Este beneficio los protegía contra la deportación, además de concederles la posibilidad de trabajar de forma temporal en ese país.
Del ese total de extranjeros, alrededor de 211 mil son ciudadanos haitianos, que representan la mayor porción de migrantes damnificados. En segundo lugar, hay 117 mil venezolanos, 110 mil cubanos y, por último, 93.000 nicaragüenses.
El mandatario republicano situó como una de sus prioridades la revocación de este estatus legal desde su regreso a la Casa Blanca, cuando firmó una orden ejecutiva al respecto sobre este programa implementado en el gobierno de Joe Biden.
El fallo de la Corte Suprema posibilita el escenario de que los ciudadanos de Haití y el resto de nacionalidades afectadas se enfrenten a deportaciones. La medida se suma a la decisión del máximo tribunal de autorizar a Trump de eliminar las protecciones de libertad condicional para 350 mil venezolanos que contaban con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
A su vez, en marzo pasado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó el estatus legal de los migrantes bajo los programas CHNV y advirtió que los titulares tenían 30 días para abandonar el territorio estadounidense. Sin embargo, un tribunal federal de Boston bloqueó la medida semanas después.
Los migrantes elegibles están a tiempo de optar por otros permisos migratorios ante la agencia federal, como el asilo o la visa U. Sin embargo, algunos pueden enfrentar deportaciones de forma inmediata debido a su condición de estatus.
En declaraciones consignadas por The New York Times, la jueza Ketanji Brown Jackson se posicionó en contra de la reciente decisión del máximo tribunal. Así, argumentó que no se consideraron “las devastadoras consecuencias de permitir que el gobierno trastoque precipitadamente las vidas y los medios de vida de casi medio millón de no ciudadanos, mientras sus demandas legales están pendientes”.
Por su parte, el gobierno federal planea cumplir con las deportaciones masivas que prometió en campaña, con el objetivo de un millón de migrantes al año. Y argumentó que “revocar el estatus de parole facilitaría la inclusión de los migrantes en un proceso de deportación acelerada, conocido como ‘expedite removal’”.
En tanto, expertos pusieron sobre la mesa la incertidumbre sobre si la administración revocará este permiso de protección de manera unánime o lo hará caso por caso.
