El cartel de “se busca” con el que Estados Unidos ofrece una recompensa de US$25 millones por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, es la señal más evidente de que su régimen enfrenta nuevas presiones internacionales, lo que trae profundas implicaciones criminales.
Junto a Maduro, con una recompensa de US$25 millones, se encuentra el número dos del régimen, Diosdado Cabello, cuyo cargo oficial es el de ministro de Interior, Justicia y Paz. Ambos tienen órdenes de captura pendientes en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Por el veterano ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, se ofrece una recompensa de US$15 millones, lo que pone de relieve la importancia de los militares para mantener al régimen de Maduro en el poder. También se le ha implicado legalmente, por primera vez, en el narcotráfico.
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“Padrino López le cobraba a las organizaciones de transporte de droga una tarifa de protección para permitir que estas aeronaves cargadas de droga pudieran salir de Venezuela de forma segura. Esta tarifa superaba habitualmente los US$60.000. Si el dinero de la protección no se pagaba por adelantado, Padrino López hacía que el ejército venezolano destruyera las aeronaves no autorizadas”, se lee en el comunicado del Programa de Recompensa por Narcotráfico de Estados Unidos.
Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y Canadá han impuesto nuevas sanciones a Venezuela desde la investidura de Maduro, el pasado 10 de enero, para un nuevo mandato presidencial de seis años. Su victoria en las muy criticadas elecciones de julio de 2024 —en las que obtuvo el 52% de los votos— fue ampliamente cuestionada, mientras que la oposición presentó recuentos de las máquinas de votación que mostraban que Edmundo González obtuvo una victoria aplastante.
Los países que anunciaron las sanciones, junto con otros de América Latina, como Argentina, Perú y Paraguay, han reconocido a González como presidente legítimo de Venezuela. La toma de posesión de Maduro fue un acto solitario, al que solo asistieron los presidentes de Cuba y Nicaragua, ambos aliados autocráticos.
Desde que Maduro asumió la presidencia en 2013, luego de la muerte del presidente Hugo Chávez, Venezuela se ha sumido en una profunda crisis económica y en una hiperinflación. A pesar de una modesta estabilización en 2024, el régimen todavía se tambalea al borde de la insolvencia y depende de las rentas criminales para mantenerse a flote. Transparencia Venezuela presentó un Índice de Economías Ilícitas para 2023, en el que calculó que al menos el 15% del PIB procedía de actividades delictivas.
Para gestionar estas economías criminales y maximizar los ingresos de los elementos del régimen chavista, Maduro ha establecido un sistema de regulación, creando lo que InSight Crime describe como un estado híbrido criminal.
“El aislamiento del régimen podría llevar al gobierno venezolano a depender en mayor medida del crimen organizado, así como a participar en actividades ilícitas y a reducir aún más la transparencia en la gestión estatal”, dijo a InSight Crime Mariano de Alba, abogado y especialista en relaciones internacionales. “Especialmente si el actual aislamiento diplomático se expande a un mayor aislamiento económico con la recomposición de sanciones dirigidas a la industria petrolera y otros sectores productivos del país”.
Asumiendo que un mayor número de sanciones económicas y el aislamiento internacional paralizarán aún más la economía legal de Venezuela, es probable que Maduro dependa todavía más de las rentas criminales para mantenerse en el poder. Esto tiene implicaciones para el tráfico mundial de drogas, las redes de contrabando, la trata de personas y el tráfico de migrantes, así como el comercio ilegal de oro. Los efectos se sentirán más directamente en vecinos como Colombia.
“En Venezuela existe una importante actividad del crimen organizado y, como demuestra la experiencia reciente, el gobierno a menudo mira para otro lado a cambio de una parte de las ganancias ilícitas”, declaró de Alba.
Análisis de InSight Crime
Mucho de lo que pase dependerá de la posición que adopte la nueva administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos con respecto a Venezuela. Si continúa con las políticas de línea dura de su primer mandato, es probable que las sanciones sobre el petróleo y el oro venezolanos obliguen a Maduro a recurrir a aliados como China y Rusia para comprar estos productos básicos, y a intermediarios internacionales ilegales para eludir las sanciones.
El año pasado, Maduro nombró como ministro de Industria a Álex Saab, un polémico colombiano encarcelado en Estados Unidos por lavado de dinero. Saab es un experimentado operador tanto en economías legales como ilegales y entiende cómo mover dinero violando las sanciones. Bajo su dirección, Maduro tratará de maximizar los ingresos procedentes de las ventas de petróleo y oro, usando todas las maniobras posibles para eludir las sanciones.
Con una producción récord de cocaína en Colombia y elementos del régimen de Maduro directamente implicados en el tráfico de cocaína, el papel de Venezuela en el tráfico de drogas se consolidará en los próximos años. A medida que se amplíe el incipiente papel de Venezuela en la producción de cocaína, con cultivos de coca y laboratorios de droga, ahora visibles a lo largo de la frontera con Colombia, aumentará la importancia de este país en el comercio mundial de cocaína.
Gran parte de la producción de oro de Venezuela está en manos ilegales o irregulares, y la inserción de este oro en los mercados de trabajo legales corre a cargo de redes delictivas que trasladan lingotes a los países vecinos y a lugares tan lejanos como Turquía. Las ventas de oro proporcionan otro pilar para la supervivencia económica del régimen de Maduro.
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Maduro también proporciona un santuario y le brinda protección al principal grupo rebelde de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que hoy está presente en al menos ocho de los 24 estados de Venezuela. Esto fortalece al grupo y es probable que haya supuesto un obstáculo, tal vez insuperable, para el plan de “Paz Total” del presidente colombiano Gustavo Petro para poner fin al conflicto civil de su país, que dura ya seis décadas. Con Maduro atrincherado por otros seis años, el ELN tiene poca motivación para negociar la paz, lo que prolongará el conflicto y la criminalidad en Colombia.
Casi ocho millones de venezolanos ya han huido de su país en busca de oportunidades. Ante la perspectiva de otra presidencia de Maduro, es probable que les sigan muchos más. Para atender este flujo de venezolanos han surgido sofisticadas redes de tráfico y trata de personas, en principio a través de Suramérica y el Caribe, pero más recientemente con rumbo a Estados Unidos.
La cara criminal más visible de este fenómeno ha sido el auge de las antiguas bandas carcelarias, sobre todo el Tren de Aragua, que se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional de Colombia, Chile y Perú, y se dedica a la extorsión y la trata de personas, además de fomentar la violencia. Sus efectos más recientes se han producido en Estados Unidos, donde se convirtió en parte del debate durante la campaña presidencial de 2024. Con más migración, bandas como el Tren de Aragua tendrán más víctimas, más ganancias y un mayor impacto criminal en América Latina y el Caribe.
Imagen principal: Carteles de recompensa de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Crédito: Departamento de Estado de Estados Unidos
